En Palmas Altas, una comunidad enclavada en la sierra de Jerez que hace apenas unos años se convirtió en un pueblo fantasma a causa de la violencia del crimen organizado, el Estado mexicano retomó formalmente el control territorial este 18 de mayo. La firma del convenio para instalar el Destacamento Regional de Seguridad (Deres) representa el colofón institucional a un largo y doloroso proceso de retorno de sus habitantes.
La recuperación del espacio público quedó de manifiesto durante los Honores a la Bandera, un acto cívico que congregó a vecinos de comunidades aledañas como Vicente Guerrero y Sarabia, autoridades gubernamentales y, de manera simbólica, a los alumnos de la escuela primaria José María Morelos. La presencia de menores escolarizados en la zona evidencia una reactivación de la cotidianidad que había sido suspendida por el asedio criminal.
El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, reconoció públicamente el valor civil de las familias que decidieron volver a sus lugares de origen. El mandatario calificó a Palmas Altas como un lugar emblemático y estratégico, erigiéndolo como un referente nacional de reconstrucción del tejido social tras la crisis de desplazamiento forzado que golpeó a la entidad.
Históricamente, la orografía de la sierra jerezana facilitó su aislamiento y posterior control por parte de grupos antagónicos que sometieron a la población. El nuevo destacamento busca erradicar definitivamente ese vacío de poder, estableciendo un anclaje institucional permanente que disuada cualquier intento de reagrupación criminal en los caminos rurales y áreas de cultivo.
«No fue fotografía, no fue una política pública de coyuntura», sentenció Monreal Ávila, marcando una línea divisoria con estrategias de seguridad previas que se basaban en operativos itinerantes. La instalación del Deres obedece a la memoria de la crisis vivida, asegurando que la presencia de las fuerzas del orden sea estática, duradera y arraigada en el corazón de las comunidades afectadas.
El proceso de pacificación en esta región no se limita al despliegue táctico, sino que involucra a la Procuraduría Agraria y a las autoridades ejidales como actores clave de la legalidad. Al regularizar el predio para el destacamento a través del consenso comunitario, el gobierno estatal busca cimentar la seguridad sobre la base de la confianza ciudadana y el respeto a la propiedad social.
La consolidación de este cuartel aspira a detonar un círculo virtuoso. Con la garantía de protección armada constante, las autoridades proyectan que la zona recupere su vocación agrícola y ganadera. El objetivo final, delineado por el Ejecutivo, es transitar de un modelo de supervivencia a uno de desarrollo, devolviendo a los retornados un entorno que sea, en sus palabras, «productivo, seguro y digno para vivir».
