La frase de que el gobierno de Claudia Sheinbaum coopera “como nunca antes” con Estados Unidos no debe leerse sólo como un elogio diplomático. En el contexto actual, también funciona como un mensaje político de Washington: México colabora, pero bajo una presión creciente en seguridad, migración, fentanilo, frontera y combate a cárteles.
El antecedente más claro ocurrió en septiembre de 2025, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en México que no había otro gobierno que estuviera cooperando más con Estados Unidos que el de Sheinbaum. La declaración se dio durante una reunión bilateral enfocada en crimen organizado, tráfico de drogas, armas, combustibles ilícitos y seguridad fronteriza.
La respuesta mexicana fue marcar límites. La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó el entendimiento bilateral como una cooperación con respeto a la soberanía, integridad territorial y “sin subordinación”. Ahí está la tensión central: Washington presume una colaboración histórica; México insiste en que esa cooperación no equivale a obediencia.
Para Estados Unidos, la frase sirve hacia dentro. Trump, Rubio y Sara Carter pueden presentar la cooperación mexicana como resultado de una política de fuerza: la idea de que Washington endureció el trato y México respondió. En términos políticos, el elogio no sólo reconoce avances; también busca adjudicar a la Casa Blanca la conducción del proceso.
Carter, directora de la Oficina de la Casa Blanca para la Política de Control de Drogas, reforzó esa lectura al destacar la cooperación mexicana en operativos contra el crimen organizado y señalar que Estados Unidos entregó inteligencia para acciones ejecutadas por fuerzas mexicanas. En entrevista, sostuvo que ese nivel de cooperación no se había visto “de esa manera”.
El problema para Sheinbaum es que el reconocimiento público de Washington también la amarra. Si niega la cooperación, abre una crisis con Estados Unidos; si la acepta sin matices, puede ser acusada internamente de subordinación. Por eso la fórmula mexicana se repite: colaboración sí, pero cada país en su territorio y bajo sus propias leyes.
La presión estadounidense tiene además una nueva herramienta jurídica. En febrero de 2025, el Departamento de Estado designó a cárteles y grupos criminales, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. Esa categoría amplía el margen financiero, judicial y diplomático de Washington.
La parte más delicada está en Sinaloa. El Departamento de Justicia acusó en abril de 2026 a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos de delitos relacionados con narcotráfico y armas. El comunicado sostiene que presuntamente colaboraron con el Cártel de Sinaloa, aunque también precisa que los cargos son acusaciones y que los señalados mantienen presunción de inocencia.
Con ese expediente, el discurso estadounidense deja de hablar sólo de cárteles y entra en el terreno de la narcopolítica. Carter no se limitó a reconocer cooperación contra organizaciones criminales; también defendió que Washington apunte contra funcionarios mexicanos presuntamente vendidos a los cárteles.
Sheinbaum optó por no confrontar directamente a Carter. Dijo que no quería entrar en discusión con la funcionaria estadounidense, retomó la parte de prevención de adicciones y subrayó que Washington conoce la postura mexicana sobre soberanía. “Es su opinión, nosotros pensamos distinto”, respondió.
El elogio convive con la amenaza. Legisladores demócratas de Estados Unidos advirtieron en enero de 2026 que una acción militar unilateral en México destruiría la confianza y dañaría la cooperación bilateral. En la misma carta reconocieron que, bajo Sheinbaum, México había incrementado de forma importante la cooperación con Washington.
La lectura de fondo es que Estados Unidos usa el reconocimiento a Sheinbaum para legitimar una ofensiva más amplia contra cárteles, redes financieras y presuntas redes políticas de protección. El mensaje es doble: Washington felicita, pero al mismo tiempo exige más capturas, extradiciones, decomisos, investigaciones y resultados.
Sheinbaum también obtiene beneficios de esa narrativa. Puede mostrar una relación funcional con Trump, evitar una crisis diplomática abierta, reducir temporalmente presiones comerciales o arancelarias y presentar resultados en seguridad. Pero el costo político es evidente: mientras más presume Washington la cooperación, más crece en México la pregunta sobre quién conduce realmente la estrategia.
Para Trump, el rédito es interno y externo. Puede decir a su base que México coopera porque él presionó; puede justificar una política dura contra cárteles bajo el argumento de que son una amenaza regional; y puede mantener a Sheinbaum bajo presión sin romper del todo la relación bilateral.
En síntesis, “Sheinbaum coopera como nunca” es un reconocimiento condicionado. Estados Unidos dice: México coopera porque nuestra presión funciona. México responde: cooperamos porque conviene a ambos, no porque obedezcamos. Esa disputa por el relato será clave en la relación bilateral.