La acusación federal presentada en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa abrió una ruta legal que puede derivar en solicitudes de detención, procesos de extradición, amparos y una disputa política entre México y Washington. El caso debe tratarse como una imputación penal, no como un hecho probado.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación contra 10 personas por presuntos delitos de narcotráfico y armas, relacionados con una supuesta colaboración con el Cártel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos. El propio comunicado oficial precisa que los cargos son acusaciones y que los señalados conservan la presunción de inocencia.
La lista incluye a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Avilés; Alberto Jorge Contreras Núñez, “El Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, “Juanito”. La precisión editorial central es que no se trata de una lista de nueve, sino de 10 acusados.
Según la acusación, los señalados habrían participado en una conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos. La fiscalía estadounidense sostiene que, a cambio de sobornos y apoyo político, funcionarios y exfuncionarios habrían protegido operaciones del cartel, filtrado información sensible de seguridad y permitido el tránsito de cargamentos.
En el caso de Rocha Moya, la acusación afirma que Los Chapitos habrían apoyado su llegada al gobierno de Sinaloa en 2021 mediante intimidación y secuestro de opositores, y que posteriormente el mandatario habría prometido protección a la organización criminal. Esa versión corresponde a la fiscalía estadounidense y no equivale a una sentencia.
La acusación también atribuye a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, presuntos pagos mensuales y supuestas alertas previas sobre operativos contra laboratorios de droga. Reuters reportó que Mérida fue detenido en Arizona y compareció ante una corte federal en Manhattan; también informó que Enrique Díaz Vega se entregó a autoridades estadounidenses.
El Departamento de Justicia señala que la mayoría de los acusados enfrenta una pena potencial mínima obligatoria de 40 años y hasta cadena perpetua. Juan Valenzuela Millán enfrenta además cargos por secuestro con resultado de muerte, con pena potencial de cadena perpetua obligatoria.
La ruta procesal en Estados Unidos ya está abierta. Para quienes están bajo custodia estadounidense, el caso puede avanzar con comparecencias iniciales, decisiones sobre detención o fianza, entrega de pruebas, mociones, eventual negociación de culpabilidad o juicio ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York.
Para quienes permanecen en México, Estados Unidos puede solicitar detención provisional con fines de extradición y después presentar la petición formal por vía diplomática. Reuters reportó que la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó haber recibido solicitudes de extradición, pero señaló que la documentación inicial no contenía elementos suficientes por sí sola para determinar responsabilidad penal.
El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establece que una solicitud formal debe incluir hechos, disposiciones legales, penas aplicables, datos de identificación y, si la persona no ha sido condenada, copia certificada de la orden de arresto y evidencia suficiente conforme a la ley del país requerido.
Ese mismo tratado prevé que, en casos urgentes, puede pedirse detención provisional, pero ésta debe terminar si en un plazo de 60 días después de la aprehensión no llega la solicitud formal de extradición con la documentación requerida. La liberación provisional no impide que la extradición vuelva a tramitarse si después se presenta la documentación completa.
La extradición tampoco es automática por tratarse de mexicanos. El tratado indica que ninguna de las partes está obligada a entregar a sus propios nacionales, aunque puede hacerlo si su legislación lo permite; si no concede la extradición por nacionalidad, el país requerido debe someter el caso a sus autoridades competentes para una posible persecución penal interna, siempre que tenga jurisdicción.
En México, la revisión puede complicarse por el cargo de algunos acusados. Enrique Inzunza es senador y Rocha Moya es gobernador con licencia, lo que abre un debate sobre inmunidad procesal, declaración de procedencia y competencia de autoridades mexicanas. El artículo 111 constitucional establece reglas para proceder penalmente contra legisladores federales y otros servidores públicos, con intervención de la Cámara de Diputados.
Si México no extradita a alguno de los acusados, la acusación en Estados Unidos no desaparece. Las órdenes de arresto pueden seguir vigentes, el caso puede quedar abierto y los señalados podrían enfrentar detención si viajan a Estados Unidos o a otro país que ejecute una solicitud estadounidense. En términos editoriales, conviene evitar llamarlos “prófugos” sin una ficha pública, notificación roja o estatus formal confirmado; la fórmula más precisa es: “acusados en Estados Unidos y reclamados por ese país”.
El caso tiene una dimensión judicial y otra política. En lo legal, el punto central será si Estados Unidos presenta pruebas suficientes para sostener solicitudes de extradición ante autoridades mexicanas. En lo político, el expediente golpea directamente a Sinaloa, a Morena y a la cooperación bilateral en seguridad, especialmente por tratarse de una acusación ligada a fentanilo, armas y presunta protección institucional al crimen organizado.